El Cádiz no gana para sustos. Su caótica situación económica depara sorpresas desagradables y harto delicadas. No es ningún secreto que el club está entrampado hasta las cejas y uno de sus mayores acreedores es la Tesorería de la Seguridad Social. La deuda de la entidad cadista con el organismo estatal asciende a más de 600.000 euros y la administración pública es implacable a la hora de cobrar. Hace responsable del agujero a los anteriores rectores del club, a los que reclaman que afronten el abono de las cantidades pendientes.
La Seguridad Social está enviando una notificación a cada miembro del Consejo de Administración de la etapa comprendida entre los años 2008 y mediados de 2010 -entonces presidido por Antonio Muñoz Vera, a la sazón accionista mayoritario- en la que comunica la apertura de un expediente de responsabilidad subsidiaria por la deuda que el Cádiz mantiene con el órgano dependiente del Estado.
¿Qué significa ese escrito? Visto que el Cádiz no hace frente a la cantidad económica que adeuda, la Tesorería se dirige a los anteriores miembros del Consejo para decirles, en resumidas cuentas, que si no paga el club en última instancia serán ellos los que deban afrontar el abono de esa deuda. Es decir, se inicia un proceso por el que la Seguridad Social abre un expediente de responsabilidad subsidiaria dirigido a los consejeros cuyo último paso sería el embargo de sus bienes para la liquidación de la susodicha deuda.
La medida afecta los miembros del anterior Consejo de Administración: Antonio Muñoz Vera, Francisco Puig, Federico González, Antonio Muñoz Tapia, Martín José García, Luis Escarti, Enrique Huguet, José Antonio Rodríguez Murillo, Miguel Cuesta, Martín José García Marichal, Luis Sánchez Grimaldi y Pepe Mata. Los seis citados en último lugar pertenecen al actual Consejo.
Los afectados por la notificación consideran que se trata de un error de la Seguridad Social y se aprestan a presentar un recurso para frenar el proceso. Así, el asunto se puede dilatar e incluso terminar en un contencioso administrativo.
El Cádiz se encuentra inmerso en un proceso de Ley Concursal que derivará en la firma de un convenio con los acreedores antes de que acabe el año para formalizar el abono de la millonaria deuda que tiene el club, cifrada en unos 10 millones de euros, según admitió la entidad en la última junta de accionistas.
Será en ese convenio donde se establezca la cuantía de los pagos y los plazos de liquidación. Se supone que en ese acuerdo con los acreedores se incluirá la parte correspondiente a la Seguridad Social, por lo que el expediente de embargo podría quedar sólo en un susto.
FUENTE: DIARIO DE CADIZ
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